De hecho, para el Gobierno el ancla fiscal, que le quitó pesos a la economía y por esa vía también capacidad de consumo y demanda de dólares al sector privado, permitiendo convalidar una baja significativa de la inflación, es junto con el atraso cambiario una de las principales explicaciones de la bonanza política que permitió el triunfo electoral en CABA y que deja prever buenos resultados hacia octubre. Es también una de las razones claves de la baja del riesgo país, más allá de que sigue cercano a los 700 puntos y todavía negándole al país el acceso a los mercados de deuda.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacaron que los números de su directora, Julia Strada, que también es diputada de Unión por la Patria, estiman el costo fiscal de la suba del bono a jubilados desde los $70.000 hasta los $110.000 es del 0,3% del PBI. Por su parte, el impacto de la suba del 7,2% en los haberes, que busca compensar lo perdido por las jubilaciones durante el primer trimestre del 2024, por el pico inflacionario que generó la devaluación del 54% con la que el Gobierno inauguro su llegada a la Casa Rosada, es del 0,8% del PBI. Finalmente, la moratoria genera gastos por otro 0,09% del PBI. Un total de 1,2%.
Desde la consultora Invecq calcularon números similares para el bono y para la suba del 7,2%, aunque un poco más altos: entre ambos costarían un 1,2% del PBI. Además estimaron que la moratoria tendría un costo del 0,2% del PBI. O sea que solo por jubilaciones el impacto, de convertirse en ley, sería del 1,4% del producto. Finalmente, si a eso se le agregaran las erogaciones derivadas de declarar la emergencia en discapacidad, con pensiones no contributivas representando el 70% del salarios mínimo, cuyo impacto sería del 0,3% del PBI, el total de lo aprobado el miércoles en Diputados sería del 1,7% del PBI.
Vale destacar que desde el CEPA mostraron que en el trimestre abril-mayo-junio las jubilaciones que no perciben bono se situaron un 3,1% por debajo de los niveles del último trimestre previo a la asunción del nuevo Gobierno, explicado principalmente por un cambio de fórmula que no permitió recuperar lo perdido en el primer trimestre del 2024. La pérdida del poder adquisitivo fue peor para los que cobran bono, ya que su congelamiento en $70.000 dejó a esos ingresos un 15,7% real por debajo de los niveles previos a la asunción de Milei.
Los costos de 1,2% y 1,7% del PBI son anualizados. Al aprobarse de cara a la segunda mitad del 2025, no llegarían a esos niveles, pero sí se volvería compleja la chance de sostener el superávit prometido. La dicotomía es entre permitir que esos ingresos recuperen lo perdido y cumplirle al FMI, con los mercados mirando atentamente para accionar sobre los activos locales.
Desde Invecq afirmaron: “La implementación de estas medidas solamente en la segunda parte del año bastaría para comprometer las metas fiscales oficiales. Con una proyección de superávit primario de 1,6% del PBI y equilibrio financiero para 2025, su puesta en marcha reduciría el resultado primario al punto de no alcanzar para cubrir el pago de intereses. De este modo, se perdería el equilibrio financiero y se incurriría en un déficit”.
Y agregaron: “En conclusión, la aprobación de estas medidas cambiaría por completo el rumbo fiscal de 2025. Dado el volumen de beneficiarios del sistema previsional, incluso incrementos que pueden parecer modestos a nivel individual se traducen en un impacto fiscal agregado significativo. Por ello, sin una compensación mediante recortes en otras partidas del gasto será difícil ampliar los recursos destinados a jubilaciones sin poner en riesgo las metas de equilibrio fiscal, la principal ancla del programa y clave en el proceso de desinflación”.
Fuente: BAE Negocios